Por: Nelson Quintanilla
Opinión
La situación de crisis económica que vive El Salvador después de año y medio de gobierno del presidente Mauricio Funes se vuelve complicada a partir de medidas que se implementaran y que afectan sin duda alguna a los sectores más vulnerables y agobiados por la pobreza, el desempleo, el alto costo de la vida y la delincuencia generalizada que viven los salvadoreños.
Los trabajadores agremiados en los sindicatos del Sistema Judicial de El Salvador han iniciado una lucha a través de la huelga demandando un bono de 300 dólares y un incremento salarial de 150 dólares para los empleados con sueldos menores a mil dólares.
Según el periódico Digital El Faro en cuatro días de huelga ya se cuentan 840 audiencias frustradas y 46 presuntos delincuentes libres y con el agravante que el jueves 20 de enero sucedió un acto de violencia en un juzgado de Mejicanos en donde Jueces se enfrentaron a los sindicalistas y la Policía Nacional Civil (PNC) tuvo que intervinir capturando a los agresores de los jueces.
La idea de los jueces era pedir a los sindicalistas dar muestras de voluntad de negociar con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitiendo la entrega de las sedes judiciales tomadas, de Medicina Legal y la reapertura de los juzgados del país para que estos reinicien el estudio de los casos.
Los sindicalistas a través del paro piden un aumento salarial dado que las condiciones del costo de la vida en el país golpean fuertemente a la clase trabajadora, mientras que la CSJ no da muestras de dialogo para solventar la situación, sin embargo el tratamiento de los cadáveres que mueren producto de la violencia están siendo trasladados a las morgues de los hospitales del país, y son tratados por agentes de la PNC y la Fiscalía y por otro lado, los fallecidos por causas naturales pueden ser certificados por un médico de cabecera y entregados a sus familiares.
Además de los jueces que buscan alternativas de solución a la problemática, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, se reunió ayer miércoles en la tarde con líderes de los sindicatos para proponerles el establecimiento de una mesa de diálogo en donde haya representantes del Ministerio de Hacienda, Magistrados, sindicalistas y de la Procuraduría.
La Asamblea Legislativa por su parte pide pronta solución a la crisis, así los partidos ARENA, FMLN y CD instaron a las partes en conflicto en el órgano Judicial, ha lograr una salida a la huelga que arrancó el pasado lunes y ha desembocado en una crisis a escala nacional.
Por otro lado el magisterio nacional esta presionando por un aumento salarial que por ley les corresponde según los dirigentes de la gremial, al respecto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, determinó que no hay presupuesto para el aumento salarial exigido por el magisterio público, a punta de marchas y llamados a huelga.
La dirigencia de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (Andes 21) sostuvo esta mañana del día jueves 20 de Enero una reunión con el funcionario, tras haber marchado desde la Universidad El Salvador (UES) hacia el Ministerio de Hacienda.
Mientras tanto el Sindicato del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) ha amenazado con un paro nacional al inicio del año escolar, el próximo lunes 24, para presionar por el alza de sueldo a maestros.
Se estima que el personal del magisterio público suma 40,000 plazas, lo que implicaría que Hacienda tendría que desembolsar unos $24 millones. A lo cual el ministro de Hacienda no esta dispuesto y pide a los dirigentes del magisterio pedir al ministerio de Educacion que recorte de algunas partidas de dicha cartera de Estado para satisfacer sus exigencias.
El movimiento magisterial protestó aduciendo que la Ley de la carrera docente, en su artículo 34, ordena que todo incremento salarial para el sector público sea aplicado al magisterio, independientemente de cualquier aumento negociado en la revisión salarial señalada cada tres años por la misma ley. “Esto se obvió al momento que se aprobó el decreto 553, en el que se aprobó este aumento”, dijo Israel Montano, secretario general de ANDES. Con 42 mil profesores en el gremio, el aumento significaría un aproximado de 26 millones de dólares para las arcas del Estado.
